El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto (Boletín 18.623-07) que modifica la Ley N.º 21.719 de Protección de Datos Personales, otorgando un nuevo plazo para la entrada en vigor del renovado estándar de privacidad en Chile.
Los puntos clave aprobados por el Congreso
La reforma introduce ajustes sustanciales para facilitar la implementación técnica y fortalecer la institucionalidad fiscalizadora:
- Nueva fecha de entrada en vigencia: Se posterga formalmente desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 15 de octubre de 2027, entregando un margen adicional de diez meses y medio respecto al calendario original.
- Consejo Directivo ampliado: Se incrementa de 3 a 5 el número de integrantes del Consejo Directivo de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, estableciendo un régimen de dedicación exclusiva y renovación parcial cada dos años.
- Plazo expedito de nombramientos: Si la ley se publica con menos de un año de anticipación a su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá remitir la primera nómina de consejeros al Senado dentro de los 10 días siguientes a dicha publicación.
- Gradualidad sancionatoria para todos: Durante los primeros 12 meses de funcionamiento de la normativa, la Agencia podrá aplicar amonestaciones por escrito antes de multas económicas a todos los responsables de datos, sin distinción del tamaño de la empresa.
Un plazo extra para diagnosticar y optimizar procesos
Aunque esta prórroga entrega un respiro operativo, postergar la adaptación interna sería un error estratégico. Adecuarse a la Ley N.º 21.719 exige mucho más que actualizar una política en el sitio web; implica transformar la gobernanza de la información en toda la organización.
Aprovechar este tiempo desde hoy permite:
- Detectar brechas críticas a tiempo: Realizar un inventario completo de datos, identificar dónde se almacenan, quién tiene acceso y corregir vulnerabilidades sin la presión de una fiscalización inminente.
- Optimizar flujos y contratos: Revisar bases de licitud y consentimientos, ajustar procesos tecnológicos desde el diseño y actualizar contratos con proveedores que tratan información por cuenta de la empresa.
- Construir una ventaja competitiva: El cumplimiento normativo ya es un estándar exigido por clientes y socios comerciales. Adelantarse fortalece la confianza y evita costos de implementación de última hora.
En definitiva, el nuevo calendario hacia octubre de 2027 no es una invitación a pausar los proyectos de cumplimiento, sino la oportunidad ideal para ejecutarlos con rigor, ordenar procesos y llegar preparados a la exigencia legal.
¿Qué falta para que sea oficial?
Con el despacho legislativo completado en el Congreso, el proyecto pasa ahora a manos del Poder Ejecutivo para su promulgación presidencial y posterior publicación en el Diario Oficial. Este trámite administrativo debe concretarse antes del 1 de diciembre de 2026 para dejar formalmente sin efecto el plazo original y hacer vinculante el nuevo cronograma.










