El ecosistema del marketing digital en Chile enfrenta un punto de inflexión normativo decisivo. Este lunes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general por unanimidad la idea de legislar sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo que busca modificar la Ley N° 21.719 —normativa que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales—.
La iniciativa busca postergar hasta diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la normativa sin modificar sus obligaciones sustantivas, otorgando mayor margen para la adecuación de empresas y organismos públicos, además de la dictación de normas por parte de la nueva agencia. Asimismo, plantea aumentar de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y ajustar los quórums para la adopción de acuerdos. El presidente de la comisión, senador Pedro Araya, explicó que “la idea es solo ver el proyecto del Ejecutivo para poder aplazar la entrada en vigencia de la ley, hay que ver cuánto tiempo y, asimismo, permitir el aumento de integrantes de la agencia”. Durante la sesión expuso el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, y el exsenador Felipe Harboe, quien sugirió establecer una regla escalonada de aplicación. El Ejecutivo se comprometió a otorgar urgencia inmediata a la tramitación.
Desde la perspectiva del marketing digital, esta ley representa un cambio radical en la forma de recopilar, procesar y activar datos de audiencias. El fin de las cookies de terceros y el mayor control de los usuarios sobre sus datos exigen una gobernanza rigurosa. A pesar del eventual aplazamiento, postergar la adaptación interna sería un error estratégico.
El gran desafío para las marcas no es solo normativo, sino operativo: requiere auditar los flujos de captura de información, adecuar políticas de privacidad, implementar soluciones de first-party data y garantizar el consentimiento explícito. Aprovechar este tiempo adicional para trabajar de manera anticipada permitirá a las empresas construir ventajas competitivas, consolidar la confianza de sus consumidores y asegurar una transición fluida cuando la normativa comience a regir plenamente.











